El gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, rechazó las acusaciones de la Asociación Americana de Abogados (ABA, por sus siglas en inglés) sobre las presuntas restricciones a los contribuyentes para buscar asesoría legal, tener un juicio o procedimiento justo o para impugnar la presunta violación de cualquier ley o estatuto a través de los canales legales apropiados.
“El gobierno de México niega categóricamente estar restringiendo los derechos más elementales del debido proceso y la oportunidad de los contribuyentes de recibir un juicio justo a través de una adecuada representación legal”, señaló la Secretaría de Hacienda.
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Aseguró que reconoce, promueve y celebra las funciones de los abogados que asesoran a los contribuyentes en cuestiones impositivas, pues no sólo los considera importantes y trascendentes, sino necesarios para el Estado de derecho.
El 20 de octubre, la ABA escribió una carta al presidente López Obrador donde se quejó de acoso fiscal por parte de las autoridades.
Procuraduría Fiscal ha iniciado investigaciones penales
Respecto a que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) está “iniciando o amenazando con comenzar investigaciones penales como táctica de negociación para presionar a personas físicas o entidades para que corrijan cualquier mala conducta tributaria aparentemente cometida”, aseguró que es una declaración falsa y sin sustento alguno.
“La referida Procuraduría ha iniciado investigaciones penales porque es su obligación hacerlo cuando identifica elementos constitutivos de algún delito fiscal, y así lo seguirá haciendo” en cumplimiento a la ley.
Aseguró que la PFF no amenaza, pero sí denuncia conductas socialmente reprobables y presenta su postura ante un juez.
Comentó que si la autoridad identifica conductas de abogados o asesores fiscales que tienen como propósito planear o ejecutar un acto de defraudación fiscal, también ellos serán imputados penalmente, dado que la Constitución defiende y garantiza el libre ejercicio de las profesiones, siempre y cuando ese ejercicio sea legal.
“Por lo tanto, la Procuraduría Fiscal de la Federación aplicará todo el rigor de la ley en contra de quienes pretenden burlar sus obligaciones fiscales, pero cualquier acusación se realizará en estricto apego a las normas constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México”.
Por: Fernando Franco