No me queda claro por qué el canciller de México, Marcelo Ebrard, hizo un reclamo al gobierno de Estados Unidos por no haber compartido información respecto a la investigación que llevó al arresto del general Salvador Cienfuegos, conforme a lo comentado por el propio secretario de Relaciones Exteriores este jueves.
Por un lado, porque al día siguiente del arresto, el 17 de octubre pasado, el presidente López Obrador advirtió que quince días antes Martha Bárcena, la embajadora de México en Washington, le dijo “que se hablaba de una investigación que se estaba llevando a cabo [y] que involucraba al señor general Cienfuegos.” Es decir, algo sabía el gobierno mexicano. No se ha abundado sobre qué sabía la embajadora, por qué conductos se enteró, y qué de ello le transmitió al presidente, pero dudo que algo de esa naturaleza se haya tomado a la ligera.
Pero además, este mismo jueves, y en la misma mañanera en que el canciller anunció del “profundo descontento” de México con Estados Unidos, AMLO prefirió dar la razón al alegato del embajador Landau, quien dijo en una conferencia el miércoles que él sabía de la investigación desde el primer día que asumió su cargo en México (¡en agosto de 2019!), pero se señaló impedido legalmente para compartir cualquier información al gobierno mexicano. Es decir, el gobierno de México protestó verbalmente y por escrito ante el de Estados Unidos por algo que no parece haber ocurrido; y que si en efecto ocurrió, a los ojos del presidente mexicano está justificado.
Si esta reacción le parece incomprensible, es porque muestra la confusión generada por el arresto en el gobierno actual. La de AMLO ha sido la administración que más se ha apoyado en el ejército para su éxito desde mediados del siglo pasado que empezamos a tener presidentes civiles. El golpe del arresto de Cienfuegos no es solamente contra un funcionario de una administración pasada. Es contra el pilar esencial de la gobernabilidad y eficacia de todo el sexenio actual. Por si fuera poco, el gobierno de AMLO ha respondido casi con disciplina militar a cada exigencia y bravata proveniente desde la Casa Blanca. A pesar de ello, no hubo lealtad alguna con quien lleva toda su presidencia tratando de apaciguar al vecino, lo que confirma la desconfianza absoluta que se tiene al norte de la frontera del liderazgo de nuestro país.
Otras serán las secuelas de este terrible episodio de nuestra historia contemporánea. La advertencia más reciente, del propio canciller Ebrard, de que se revisará la cooperación con la DEA, resulta increíble. Y no porque sea mala idea, sino porque haría parecer que aún después de la detención sucesiva de dos exfuncionarios del más alto nivel por el mismo gobierno que en el pasado los celebró y galardonó, aún existía tal cosa como esa cooperación.
Algo de esto cambiará, sin lugar a dudas, si se confirma la esperanza compartida por muchos de que se derrote a Trump el próximo 3 de noviembre. El cambio que ello traerá en el Departamento de Justicia no necesariamente será para bien de México ni de la relación bilateral. Tampoco debe esperarse una recomposición en el corto plazo. Pero al menos habrá espacios para salir del equilibrio actual, que es extraordinariamente dañino para nuestro país, y no solo para el gobierno de AMLO.
Por Alejandro Poiré
Decano Ciencias Sociales y Gobierno Tecnológico de Monterrey
@AlejandroPoire