A nombre de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y a nombre propio queremos agradecer la invitación a este Parlamento Abierto de frutos inciertos y ojalá no estériles, donde, por las experiencias pasadas, las iniciativas pasan sin cambio alguno; hacemos votos porque sabemos que, en el “carro completo”, existen capacidades de discutir, discrepar, reflexionar y madurar en forma integral y equilibrada.
Sobre la subcontratación y la iniciativa presidencial presentada el pasado 12 de noviembre por el Ejecutivo Federal, ni el paraíso prometido para los trabajadores ni el infierno diagnosticado para los empleadores. En la ANADE creemos que el diagnóstico es absolutamente correcto, pero el tratamiento resulta desproporcionado. La diferencia clarificada entre intermediación laboral (bajo el nombre de servicios especializados) y subcontratación es plausible sin duda.
Los aspectos perfectibles de la iniciativa, que advertimos en ANADE tienen que ver con tres aspectos fundamentales:
PRIMERO
Vacatio Legis más amplia. Como se encuentra redactada la iniciativa, lo que hoy es legal (subcontratación) al día siguiente se convierte en ilegal. Sugerimos se amplíe el periodo para la entrada en vigor a seis meses para alinearlo con la expedición de las disposiciones de carácter general que deberá emitir la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el registro de las empresas de servicios especializados; ello evitará se desparrame una parte de los empleos a la informalidad y dará espacio para una eventual mejora y recuperación del empleo.
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SEGUNDO
El gran ausente de la subcontratación es el Reparto de Utilidades o PTU; posiblemente la única razón legítima de la subcontratación es que permite cumplir de forma justa con una prestación obsoleta como lo es la PTU, hoy se paga sólo por la presencia en el empleo; el trabajo humano es la única forma de crear riqueza, pero debe repartirse con formas más equilibradas.
Proponemos no complicarnos y poner un tope en meses de salario a este beneficio legítimo. Eso sería un desincentivo natural para la subcontratación.
TERCERO
Deben precisarse tanto como sea posible en una ley, que por definición es general, el adjetivo “especializados” de los términos servicio y obras; aunque se proponen en el artículo 14 indicios, conviene puntualizarlos. Ello abonará a controversias jurisdiccionales inútiles y desafortunadas, y hará más eficiente y rápida la aplicación de esta legislación.
UNA REFLEXIÓN FINAL
La iniciativa pasa por alto las asimetrías del mercado laboral, donde 99% de los empleadores son unidades económicas de entre 0 y 10 trabajadores; quizá debiéramos reflexionar sobre la necesidad de supervivencia de los pequeños negocios que encuentran en la subcontratación una forma de “sacar la cabeza del agua”.
POR JORGE SALES BOYOLI
COORDINADOR DEL COMITÉ DE DERECHO LABORAL BUFETE SALES BOYOLI
@SALESBOYOLI