No hay manera de que el presidente Andrés Manuel López Obrador desaparezca el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), sencillamente porque no tiene mayoría en el Congreso para reformar la Constitución, pero es un sinsentido que pretenda aniquilar un derecho constitucional y humano.
Hay que decirle no al Presidente en este tema, como decirle no a que intervenga en la contienda electoral como sus antecesores, sin que eso signifique conculcar su derecho a la libertad de expresión que también, como servidor público–jefe de Estado– es más restringido que el de cualquier ciudadano.
Lo positivo es que se ha abierto un debate sobre el INAI y el derecho de las personas a la información en poder de las instituciones del Estado –no sólo del gobierno federal–, al que se debe entrar desde todos los ámbitos de la sociedad, incluido el periodismo, para defender esta garantía también de informar y ser informado, establecida en el artículo sexto de la Constitución, pese a las insuficiencias, desviaciones y argucias para escamotearla.
Es verdad que desde su creación como IFAI, en 2003, y luego como INAI, en 2014, ha sido un organismo oneroso y reducto de personeros y chambistas, como Alonso Lujambio, María Pérez-Jaen, Sigrid Arzt, Ximena Puente y Francisco Acuña, pero también ha habido profesionales comprometidos con el derecho a la información y la protección de datos personales en poder del Estado.
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Si este tipo de personajes han protegido a los gobiernos –el de Calderón es paradigmático–, no ha sido el INAI el que más oculta información. López Obrador acusa que ocultó los beneficiarios de las condonaciones de impuestos, pero fueron organismos del Ejecutivo amparados en el secreto fiscal y bancario.
Para aniquilar al INAI, López Obrador parte de una falacia: que este organismo es el que oculta y escamotea la información solicitada, pero en realidad éste es el que obliga a las dependencias y entidades de la administración pública federal que él encabeza –como antes otros presidentes– a entregarla, porque son las primeras en negarla.
A cambio de desaparecer el INAI, el Presidente ofrece que la Secretaría de la Función Pública entregue la información en breve lapso, pero es obvio que sería juez y parte, sin ninguna garantía de hacerlo, como lo ordena la Constitución. Más aún: el INAI no es el garante sólo del derecho de acceso a la información del gobierno federal, sino de los poderes Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos, o realice actos de autoridad de la Federación, los estados y los municipios.
No hay manera que esta la gane López Obrador, quien ya debería saber que la fortaleza de una sociedad se mide por los derechos que garantiza –como los apoyos sociales elevados a rango constitucional a iniciativa de él–, no aniquilándolos para ahorrarse unos pesos.
POR ÁLVARO DELGADO
ALVARO.DELGADO@PROCESO.COM.MX
@ALVARO_DELGADO