Cuando los políticos de la oposición cotejan la vacunación contra la COVID-19 de Estados Unidos con México y concluyen que es un desastre, como todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se entiende que hacen su trabajo, que incluye hasta decir mentiras, pero cuando alguien que uno supone instruido e informado repite lo mismo, sobre todo en los medios, huele a podrido.
Algo análogo ocurre con el gobierno federal: Conseguir las vacunas para los mexicanos supone un reto mayúsculo, no sólo porque el sistema farmacéutico público de México fue destruido, sino por el acaparamiento de todas las que produce Estados Unidos y la gran mayoría de Europa, pero no cabe el triunfalismo cuando es su deber mínimo.
“Misión cumplida”, exclamó el canciller Marcelo Ebrard, el 8 de diciembre, cuando anunció que llegarían 250 mil dosis para iniciar la vacunación, en vísperas de Navidad, y repitió lo mismo, el 12 de enero, al anunciarse la inmunización masiva, que en unos días se desinfló con el desabasto —¡durante un mes!— de dosis, justo cuando López Obrador enfermó.
Y después de tener el gobierno meses para preparar una red de instalaciones para recibir a los adultos mayores de 60 años, con todo el decoro y respeto, es inaceptable ver que, en el primer día de vacunación, miles de ellos hicieron largas filas sin sitio para tomar asiento y expuestos al frío y al sol, sobre todo cuando es en sólo ¡333 municipios!
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Se entienden los retrasos en la logística por mal tiempo, como en el norte de la República, pero no en la etapa de aplicación de dosis en cabeceras municipales y en tres alcaldías de la Ciudad de México, que se supone cuentan éstas con todas las condiciones, materiales y humanas, para jornadas ejemplares, hasta para abono de los gobiernos federal y local del mismo signo político.
Al gobierno, a los gobiernos de los tres niveles, hay que exigirles siempre eficacia en sus responsabilidades no por lo que prometieron en campaña, sino hasta por el solo hecho de que como servidores públicos viven de los contribuyentes, a quienes están obligados a proveer de bienes públicos de calidad.
También es verdad que, así como imperó el caos en el primer día del registro en línea de los adultos mayores, y en menor medida en la vacunación a los trabajadores de la salud, es previsible —y exigible— la normalización del servicio, sobre todo hacia la inmunización masiva cuando, claro, haya vacunas.
Pero tener vacunas no es un asunto sólo de dinero, que lo hay, ni de capacidad para firmar contratos, que se han firmado, sino de la existencia de las dosis que, como en el caso de Estados Unidos, son sólo para su población y no toda, por cierto.
Es obvio que las 726 mil dosis aplicadas en México —apenas 86 mil personas con las dos— son insignificantes ante los 53 millones que ha aplicado Estados Unidos, los 15 millones de Inglaterra y los 6 millones de Israel, pero se trata de países productores y asimétricos.
“Lentitud criminal”, dice el panista Ricardo Anaya sobre las vacunas, el discurso de todo opositor en el actual proceso electoral, que es en realidad una guerra y, como decía el dramaturgo griego Esquilo, “la verdad es la primera víctima de la guerra”.
POR ÁLVARO DELGADO
ALVARO.DELGADO@PROCESO.COM.MX
@ALVARO_DELGADO
avh