¿Era necesario que el Presidente de la República pidiera a los diputados que revisaran el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)?
En términos estrictos, no. El jefe del Ejecutivo no tiene atribuciones para pedir eso. Es una intromisión en otro poder, aún y cuando los términos utilizados vengan envueltos en la típica cortesía del altiplano: “de manera respetuosa”, “en observancia del principio de separación de poderes”, “si para ello no tienen inconveniente”, “se emprendan las acciones necesarias para impulsar una
investigación...”.
La Cámara de Diputados directamente puede hacerlo (Art. 74 de la Constitución y 44, 80 y 102 y siguientes de Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas).
Tan es así, que desde el día anterior al que López Obrador enviase su carta a San Lázaro, los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF acordaron solicitarle al órgano interno de control de la propia auditoría (el UEC) una investigación al auditor especial Agustín Casos Rafael, por su desempeño en la fiscalización que hizo en el informe del Nuevo Aeropuerto Internacional de México. El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Mario Alberto Rodríguez (MC), indicó: “Esa investigación ya se giró.
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Veía yo hoy la declaración del Presidente diciendo que nos va a decir; no tiene nada que decirnos, nosotros sabemos nuestra responsabilidad y además hay independencia de autonomía de los órganos Legislativo y Ejecutivo”.
Y sin darle más largas al asunto, el lunes próximo al mediodía comparecerá el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, junto con los auditores especiales de este órgano autónomo, para que expliquen las “inconsistencias” que, según han reconocido, aparecen en sus informes que entregaron a la Cámara de Diputados el pasado fin de semana.
La posición de Colmenares es, por decirlo suavemente, penosa. Por una cuestión meramente de dignidad –cualidad a la que apeló López Obrador para responder y cuestionar la actuación de la ASF–, el auditor debería de renunciar.
Pero lo peor del caso en este asunto es que la credibilidad de la Auditoría –sea cual sea el resultado de la investigación y las explicaciones que se den– ha quedado ya tocada y abrió la puerta a la intromisión presidencial.
Y eso se le debe a Colmenares y a quienes lo convirtieron en el auditor superior de la Federación: los diputados priistas, por su cercanía con José Antonio Meade; a los panistas, porque Marko Cortés lo propuso, y a Morena, porque contó con el apoyo de Rocío Nahle.
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Por MARTHA ANAYA
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BGM